No se puede hablar del gobierno de Dina Boluarte en Perú y de los más de sesenta asesinatos cometidos por fuerzas del orden en manifestaciones sin mencionar al actual primer ministro Alberto Otárola. El carácter autoritario del actual gobierno se debe en gran parte a la influencia de Otárola “el Carnicero”, como ahora se le conoce en ocasiones.
El rápido ascenso de Otárola comenzó el 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo, ante otro intento de juicio político por parte del Congreso, intentó, sin éxito, disolver la institución. Las fuerzas armadas y la policía no lo respaldaron, y una vez realizado el juicio político, el vicepresidente Boluarte asumió la presidencia ese mismo día. En lugar de distanciarse de la oposición de Castillo, la nueva presidenta se acercaría a los elementos de derecha y ultraderecha del gobierno.
Otárola formó parte del primer gabinete de ministros del gobierno de Boluarte, asumiendo el cargo de ministro de Defensa. Como comandante de las Fuerzas Armadas del Perú, Otárola fue responsable directo de la masacre de Ayacucho perpetrada por militares el 15 de diciembre, en la que diez personas resultaron muertas a tiros. A pesar de las claras violaciones a los derechos humanos, Otárola, lejos de generar dudas en Boluarte, se acercó más al presidente. El cinismo con el que Otárola justificó los abusos de las fuerzas armadas se sumó a la total falta de voluntad de Boluarte para reconocer dichos abusos, poniendo en duda su capacidad de liderazgo como presidenta.
A partir de entonces, en cada rueda de prensa se podía ver a Otárola al lado de Boluarte, reflejo de cómo empezó su relación. En 2022, como vicepresidenta y ministra, Boluarte retuvo a Otárola como su abogada para defenderse de las acusaciones de administrar una firma privada mientras ocupaba un cargo público. Para Boluarte, Otárola sigue ocupando ese rol de escudero.
Pero quizás más sorprendente es el hecho de que Otárola en un momento participó en movimientos políticos de izquierda y que usó su experiencia para defender los derechos humanos, los mismos derechos que ahora están siendo aplastados bajo su mando. Otárola se convirtió en ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Ollanta Humala entre 2011 y 2012, y se mantuvo activo en el Partido Nacionalista Peruano de Humala hasta 2021. En 2020, en campaña, Otárola apoyó y defendió una de las causas bandera de la izquierda peruana : la redacción de una nueva constitución por una asamblea constituyente. Ahora, sin embargo, rechaza la idea de un proceso constituyente, actualmente una de las principales demandas de los manifestantes.
Este es otro punto clave que explica la estrecha relación de Otárola con Boluarte. Ambos han demostrado compromisos políticos volátiles e impredecibles que adaptan en función de su propio beneficio y supervivencia política. Abandonaron las propuestas de reformas sociales para abrazar las iniciativas de las élites económicas. Se distanciaron de las organizaciones progresistas para acercarse a fuerzas políticas de ultraderecha. Tras emprender juntos esta transición, Boluarte y Otárola estrecharon su vínculo.
Por eso, no es de extrañar que el 21 de diciembre del año pasado Boluarte nombrara a Otárola, gran responsable de uno de los mayores asesinatos de los últimos años, jefe de su gabinete de ministros. Con este nombramiento, ratificó que la violenta represión gubernamental a las protestas no disminuiría sino que aumentaría en intensidad.
Y desafortunadamente, eso es justo lo que ocurrió. El 9 de enero en Juliaca, en la región de Puno, el actual gobierno llevó a cabo su segunda masacre más grande. Veinte perdieron la vida tras recibir disparos de balas y otros proyectiles. Entre los asesinados figuraban personas que ni siquiera participaban en las protestas.
Ese mismo día, Otárola pronunció su primer discurso a la nación sin la presencia del presidente Boluarte. A diferencia de las mentiras anteriores sobre el movimiento de protesta, Otárola no habló de grupos violentos organizando protestas, sino que culpó al expresidente Pedro Castillo de estar detrás de ellas. Sin expresar culpa ni remordimiento por los asesinados ese día, Otárola aseguró que el gobierno seguirá respondiendo a las protestas con la misma determinación. Al percibir la crueldad con la que Otárola asimilaba el asesinato de inocentes, los observadores involucrados en las protestas y en las redes sociales comenzaron a referirse a Otárola como “el Carnicero”.
En su represión a las protestas y al movimiento de oposición, el gabinete dirigido por Otárola ha incorporado tres componentes clásicos de los regímenes cívico-militares: la fabricación de un enemigo del cual se debe proteger a la población, la represión física violenta durante las protestas, y la persecución y criminalización de ciudadanos que se oponen al régimen.
Las explicaciones del gobierno sobre los orígenes de las protestas han sido inconsistentes, cambiando en al menos cinco ocasiones. Boluarte y Otárola comenzaron hablando de grupos de delincuentes que organizan las protestas para saquear. Entonces Otárola acusó a Castillo de haber organizado todo. Días después, el gobierno habló de un resurgimiento de Sendero Luminoso, grupo terrorista que realizó atentados en los años 80. Los funcionarios también señalaron la intromisión extranjera y, basándose en una publicación sin fundamento de un congresista boliviano, dijeron que grupos cercanos al expresidente boliviano Evo Morales estaban proporcionando armas y organizando las marchas. Finalmente, acusaron a las mineras ilegales de financiarlo todo. El gobierno no pudo proporcionar evidencia para ninguna de sus hipótesis.
Por otro lado, la represión violenta de las protestas ha sido bien documentada en cientos de videos. La policía usó gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, golpeó sin piedad a sujetos que encontraba ya incapacitados y disparó contra personas desarmadas que no representaban una amenaza. Además, han agredido físicamente a periodistas y médicos de la calle. Aunque al principio los principales medios intentaron ocultar los asesinatos injustificados de las autoridades, la evidencia fue abrumadora. Las investigaciones de los medios de comunicación nacionales e internacionales ahora han demostrado la brutal represión de las protestas junto con las ejecuciones extrajudiciales de las autoridades.
Además de la represión brutal de las protestas, el gobierno también ha perseguido y criminalizado a los participantes. Cientos han sido detenidos arbitrariamente sin pruebas, recluidos en celdas durante varios días. Estos arrestos a menudo han ocurrido fuera de las protestas, siempre justificados bajo la rúbrica de “inteligencia contra actores violentos”, pero generalmente sin ninguna evidencia que respalde las denuncias de violencia. Algunos de los detenidos han denunciado prácticas de tortura e incluso violencia sexual, habiendo sido obligados a desnudarse para cacheos en situaciones que no ameritaban tales medidas. Además, las imágenes de los ciudadanos han mostrado a la policía colocando pruebas para justificar los arrestos y detenciones de los participantes de las protestas. En el colmo del absurdo, han detenido y encarcelado a personas alegando que financiaron actos subversivos por llevar sumas de efectivo inferiores a $500.
La situación en el Perú es grave. Si bien los argumentos de la administración de Boluarte para justificar sus acciones se vuelven cada vez más absurdos, cada día Otárola “el Carnicero” parece tener más poder, exhibido en las acciones cada vez más autoritarias del actual gobierno. El vínculo entre Boluarte y Otarola ahora parece basarse en el temor que comparten de que, una vez fuera del poder, tendrán que enfrentar la justicia por la violación sistémica de los derechos humanos por parte de su administración.
Esa administración encuentra cada vez menos apoyo. La prensa mayoritaria no puede disminuir sus crímenes y abusos, e incluso algunos sectores de la derecha han llegado a considerar insostenible la presidencia de Boluarte.
Naciones Unidas envió una carta al gobierno el 2 de marzo, dando al poder ejecutivo sesenta días para investigar y responder al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la muerte de manifestantes. Y la fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar a Boluarte y Otárola por el delito de genocidio, por el que ambos fueron interrogados. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha manifestado su deseo de que Perú adelante las elecciones.
Mientras tanto, la mayoría de los peruanos, como lo han expresado claramente en las calles y en las encuestas, desea la renuncia inmediata de Dina Boluarte y con ella la caída y juicio del infame primer ministro Alberto “el Carnicero” Otárola.
Fuente: jacobin.com